@GacetaMedicaCom, ¿Y que motiva la judicialización? La falta de consenso. Alonso cuenta con un año para hacer frente a una sanidad judicializada

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Alfonso Alonso contará con un año para intentar desenredar la madeja de una sanidad judicializada. El último lío a la vista es la intención del Consejo General de Enfermería (CGE) de recurrir el real decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. El organismo que preside Máximo González Jurado ya ha iniciado los trámites con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Tercera Sala del Tribunal Supremo. Sería el paso previo a una demanda definitiva que podría poner en peligro uno de los mayores anhelos del sector.
Los enfermeros han decidido dar un margen al nuevo ministro en lo que se refiere a los pactos firmados con el Gobierno en el verano de 2013, pero en el caso del registro han preferido actuar. “Era uno de los puntos que estaban incluidos dentro de los acuerdos de julio, pero se acababan los plazos para impugnar”, explica Francisco Corpas, director de los servicios jurídicos del CGE.
El ministerio deberá enviar al tribunal el expediente, que se lo remitirá al recurrente. Con toda la información, el consejo presentará una demanda definitiva, que podría estar lista para el próximo febrero.
No es el único frente en los tribunales que deberá abordar el nuevo ministro. Cuatro sociedades científicas y el sindicato UGT han anunciado recursos con el fin de paralizar el Real Decreto de Troncalidad. A pesar de las voces en contra, Sanidad trabaja en la actualidad en la formación de las comisiones de especialidades, encargadas de diseñar los programas formativos.
Dos puntos de los acuerdos de julio
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 25 de julio a estos dos reales decretos. La entonces ministra, Ana Mato, se había marcado como objetivo que el registro de profesionales sanitarios pudiera entrar en funcionamiento este mismo año y que la troncalidad comenzara a aplicarse en 2017.
Precisamente estas dos leyes se encontraban recogidas en los acuerdos que firmó Mato con los profesionales médicos y enfermeros en el Palacio de La Moncloa allá por julio de 2013. Desde su llegada al ministerio Alonso ha tratado de priorizar estos pactos. Las primeras reuniones con el Foro de la Profesión Médica y la Mesa Estatal Enfermera a mediados del pasado diciembre se centraron en la necesidad de avanzar en todos los puntos.
El desarrollo de los acuerdos ha evolucionado hasta ahora a ritmos diferentes. Los médicos han logrado pactar con el ministerio en diferentes materias como los dos reales decretos mencionados y la gestión clínica, mientras que los enfermeros no han logrado progresos significativos.
Este colectivo ha venido denunciando en los últimos meses el inmovilismo de los acuerdos. Poco después de la llegada del nuevo ministro, González Jurado había expresado su intención de romper el pacto si el nuevo ministro no manifestaba un compromiso expreso de continuar con lo firmado. Los encuentros por el momento han dejado satisfechos a los profesionales, tanto que los enfermeros han decidido dar más margen al ministro.
Otro de los puntos pendientes es la precariedad laboral de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Tanto médicos como enfermeros vienen mostrando su malestar por los recortes y las condiciones de contratación de los profesionales a raíz del comienzo de la crisis económica. Recientemente, la OMC y el Sindicato Médico de Granada lanzaron un informe en el que se ponían de manifiesto las desigualdades en la carrera profesional en función de las comunidades autónomas. El consejo ha reclamado una homologación de la carrera profesional que equipare a todos los médicos. La corporación que preside Juan José Rodríguez Sendín publicaba otro estudio el pasado noviembre en el que se reflejaba que casi la mitad de los médicos en activo no tuviera una plaza en propiedad.
El CGE también se ha mostrado crítico con la gestión de los recursos humanos. Según sus estimaciones, desde que comenzó la crisis, las comunidades autónomas han recortado alrededor de 20.000 plazas de enfermería.
Hasta la Comisión Europea se ha mostrado escéptica con las medidas de austeridad de los funcionarios. El pasado noviembre, justo cuando la OMC se mostraba más crítica por la situación de los médicos, Bruselas tachaba de “injusto, ineficiente y lento” el ajuste salarial.
Una vez que ya ha mantenido los primeros contactos con los profesionales sanitarios existen dos fechas marcadas con rojo en la agenda del ministro. El próximo 14 de enero presidirá por primera vez el Consejo Interterritorial del SNS (Cisns) y al día siguiente afrontará como ministro su primera Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Ambas citas le servirán para entrar en contacto con los consejeros de las comunidades autónomas, por un lado; y con los responsables de sanidad del resto de los grupos parlamentarios, por otro.
Está por ver si Alonso lleva al orden del día del Cisns la situación de precariedad laboral de los profesionales como le han reclamado médicos y enfermeros en la última reunión. Muchas son las voces que han pedido poderes ejecutivos para el Consejo Interterritorial, entre ellas, la del portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Jesús Aguirre (ver GM nº 537).
Más cuestiones pendientes
Se abre ahora un frente más, el de las agresiones a los médicos. El anteproyecto de Código Penal que ha elaborado el Gobierno no convence a la OMC que ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo. En el documento, la corporación pone de manifiesto que la mayoría de las agresiones verbales, amenazas y coacciones quedan impunes. Los médicos han llegado a afirmar incluso que el texto supone un “claro retroceso”.
Otra de las medidas pendientes que ha pasado por los tribunales de justicia es el copago hospitalario. La medida debería haber entrado en vigor en enero del año pasado en todas las comunidades autónomas. La realidad es que sólo se cumple en Ceuta y Melilla.
La cercanía de las elecciones autonómicas, que se celebrarán en mayo, y de las generales, previstas para finales de 2015, podrían dejar en el cajón esta norma que ha generado polémica incluso en regiones gobernadas por el Partido Popular.
La hepatitis C es otro de los puntos que requieren una actuación urgente en la agenda del ministro. El Gobierno ya ha presentado los informes de posicionamiento terapéutico para el uso de sofosbuvir y simeprevir, al tiempo que ha aprobado daclatasvir. El Ejecutivo debe buscar los mecanismos para que las comunidades puedan financiarlos.
La situación le obligará a trabajar codo con codo con las consejerías. Ocurre lo mismo con la actualización de la cartera de servicios. Ya están puestas las bases para la unificación de criterios en los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.
Una de las iniciativas sobre las que más insistió Mato fue la e-salud. Alonso deberá hacer frente a corto plazo a la receta electrónica interoperable. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2015. En este sentido se encuentra totalmente a expensas de la evolución de autonomías. Ya se han producido pruebas piloto entre regiones, pero su implantación definitiva no podrá ser efectiva hasta que todas las comunidades hayan logrado su utilización al 100 por cien en todo su territorio. El último informe del ministerio ponía además de manifiesto que sólo la mitad lo habían conseguido. Al mismo tiempo tendrá que trabajar en la interoperabilidad de la historia clínica digital de los pacientes con el fin de que pueda estar disponible en cualquier punto del país. La duda es el papel que jugará el sector privado. Diferentes agentes han denunciado que su implicación supondría una vulneración de la ley de protección de datos.
El pacto sociosanitario también ha quedado pendiente tras la salida de Mato. Queda un año por delante y el ministro ha desvelado su intención de continuar con la agenda marcada por su predecesora. Existen otras reclamaciones del sector como la evaluación de las medidas aprobadas en el Real Decreto 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del SNS. Los profesionales mantienen las dudas sobre cómo ha afectado esta normativa a la salud de los ciudadanos. La ex ministra hizo oídos sordos a esta solicitud y argumentó que eran las comunidades las que debían pronunciarse.
TAREAS
Los puntos pendientes aguardan en los tribunales
El ministerio de Sanidad deberá defender en los tribunales de justicia los reales decretos de troncalidad y del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Eran dos de las reclamaciones históricas del sector; sin embargo, estas dos normativas, aprobadas el pasado julio, no han dejado satisfechos a todo el mundo por lo que los procesos judiciales en marcha podrían retrasar aún más su implementación, prevista para 2017. De momento, la troncalidad afronta seis recursos judiciales.
Mayor equidad y fármacos para la hepatitis C
El Gobierno deberá asegurarse de que los medicamentos aprobados puedan ser financiados por todas las comunidades y evitar polémicas como la suscitada con la hepatitis C. De momento, el ministerio ha anunciado que a lo largo de 2015 el departamento incorporará dos nuevos tratamientos contra este virus: Harvoni de Gilead que combina el conocido sofosbuvir con ledipasvir, y una triple terapia de Abbvie, que combina ombitasvir, parataprevir y ritonavir, cuya comercialización está pendiente de ser aprobada por la Comisión Europea.
Médicos y enfermeros exigen una solución a la precariedad
La Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería, así como los sindicatos CESM y Satse han venido denunciando la precariedad laboral y las diferencias retributivas entre las comunidades autónomas. La entonces ministra de Sanidad, Ana, Mato se comprometió en la última Convención médica a tomar cartas en el asunto y negociar con las regiones una solución a este problema. Alonso deberá recoger ahora el testigo y decidir si lo incluye en el Cisns. Según los últimos datos el paro sumergido entre los nuevos especialistas ha aumentado hasta un 25 por ciento.
Las agresiones a médicos en el anteproyecto
La Organización Médica Colegial ha llevado al Defensor del Pueblo el Anteproyecto de Código Penal, porque considera que la mayoría de las agresiones a los profesionales quedan sin castigo. “Indefensión”, “inseguridad jurídica”, “desamparo” son términos con los que la OMC cuestiona el nuevo anteproyecto que supone un “claro retroceso” en la lucha contra las agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales.
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